JUAN O. TAMAYO. JTAMAYO@ELNUEVOHERALD.COM

La ex presa política cubana Martha Beatriz Roque dice que ha pedido a un tribunal que la devuelva a la cárcel, porque no puede seguir viviendo bajo el acoso constante de policías, agentes de la Seguridad del Estado y vecinos partidarios del gobierno.

“Estoy peor aquí que si estuviera presa. Que me manden para la prisión, porque eso es preferible que vivir en esta prisión”, dijo Roque, de 68 años, con la voz quebrada por la emoción, desde su apartamento de La Habana.

La economista disidente dijo que ella y su colega en el activismo Armando Ramos Lazurique acudieron el lunes a un tribunal de La Habana que se ocupa de crímenes contra la seguridad del Estado para presentar su carta de tres páginas quejándose del constante tormento y pidiendo que la encerraran de nuevo en la cárcel.

Roque fue la única mujer entre los 75 disidentes que recibieron largas condenas de cárcel durante una ola represiva en la primavera del 2003. Un tribunal de seguridad del estado la condenó a 20 años de cárcel, pero ella fue puesta en libertad en el 2004 luego de sufrir un ataque al corazón.

El activista cubano de derechos humanos Elizardo Sánchez Santa Cruz dijo el martes que estaba “alarmado por la situación de Martha” y el “acoso agudo y abusivo” que ha sufrido “por orden de la policía política”.

La campaña de acoso físico, verbal y psicológico empezó en el 2012 después de que ella permutó su casa en el barrio de Santos Suárez por el apartamento de un yerno suyo en un área más céntrica de La Habana, dijo Roque el lunes a el Nuevo Herald.

Ocho o nueve vecinos le han impedido salir de casa y han impedido entrar a visitantes, dijo Roque, mientras la policía rodea el edificio y agentes de la Seguridad del Estado usan un televisor en el vestíbulo del mismo para mostrar constantemente un programa del gobierno que la marcó como traidora a la revolución cubana.

El video y un artículo salido cuatro años atrás en el periódico oficial Granma que se exhibe en el vestíbulo, alegando que ella era una “mercenaria” pagada por Estados Unidos prueban que el gobierno está detrás del acoso porque “nadie más guarda esa basura”, dijo ella.

Las autoridades intensificaron el acoso en noviembre del año pasado, dijo Roque, luego de que ella fue a una estación de policía local para quejarse de que trabajadores del gobierno que estaban fumigando contra los mosquitos habían fumigado su casa aunque ella había protestado de que padecía de asma.

La policía la hizo volver a la fuerza a su apartamento entre patadas, pescozones y empujones que la obligaron a guardar cama por varios dias, dijo. Sus vecinos le han dado puñetazos, han bloqueado su puerta, roto una cámara y entonado insultos y eslóganes progubernamentales frente a la puerta de su apartamento.

El hostigamiento generalmente se intensifica los miércoles, cuando ella trata de celebrar en su casa una reunión de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, un grupo de periodistas independientes que ella dirige, dijo Roque.

La policía volvió a detenerla el lunes después de que ella y Ramos fueron al tribunal de la seguridad del Estado a entregar su carta, dijo Roque a el Nuevo Herald por teléfono desde La Habana.

“La carta dice que es imposible vivir como estoy viviendo. Estoy presa en mi propia casa”, dijo ella. “Soy diabética y asmática... y aquí estoy sola, sola, sola”.

Roque dijo que la policía la condujo a la presencia de un oficial de la Seguridad del Estado que se identificó como el “coronel Mario” y le dijo que “él tenía la respuesta a la carta: ellos van a permitir que los vecinos sigan hostigándome y dándome golpes, y que no van a permitir que nadie entre a la casa”.

La disidente dijo que en su carta, enviada al mismo tribunal que la declaró culpable en el 2003, ella expresaba además quejas sobre su estatus legal: libre de la cárcel, pero sólo bajo una “licencia extrapenal” que nunca fue explicada o definida en un papel oficial.

Trece de los 75 disidentes sentenciados a condenas de 15 o más años de cárcel en la operación represiva del 2003, conocida como la Primavera Negra de Cuba, fueron puestos en libertad antes de tiempo y permanecen viviendo en Cuba bajo dichas “licencias extrapenales”.

Algunos fueron puestos en libertad antes de tiempo por razones de salud, como es el caso de Roque y Oscar Espinosa Chepe, quien murió el año pasado. El resto de los 75 fueron liberados en el 2010 y el 2011 después de conversaciones entre el gobernante cubano Raúl Castro y líderes de la Iglesia Católica. La mayoría de ellos fueron directamente de la cárcel al aeropuerto de La Habana para tomar vuelos al exilio en España.

Los 13 que quedan en Cuba viven en un limbo legal, dijo Roque, y técnicamente pueden ser enviados a la cárcel por las autoridades en cualquier momento para cumplir el resto de sus sentencias, las cuales llegan a los 28 años.

A por lo menos dos de los 13 se les ha negado permiso para viajar al extranjero durante el último año porque no habían cumplido sus sentencias por completo. Ellos son José Daniel Ferrer, quien fundó el grupo de oposición Unión Patriótica Cubana después de ser puesto en libertad en el 2012, y Angel Moya, el esposo de la líder de las Damas de Blanco Berta Soler.

Ferrer estaba cumpliendo una sentencia de 25 años, y Moya una de 20, cuando fueron puestos en libertad en el 2012. Los 75 fueron acusados de crímenes contra la seguridad del Estado por haber aceptado supuestamente apoyo financiero y de otro tipo de parte del gobierno de Estados Unidos.