Su actual situación es una suma de aciertos propios y errores de sus contrarios. Hoy, tras nueve meses en el poder, se permite no ya imitar sino hacer de Hugo Chávez. El diálogo implica la aceptación de un modelo que reduce la propiedad privada como motor de la economía mediante el desarrollo de empresas comunales de propiedad social, y avala la creación de las comunas, un ente de gobierno local controlado por el poder central, que resta competencias a las alcaldías y gobernaciones. Valga este otro ejemplo: el fin de semana pasado el jefe del Estado apareció en La Habana para conversar con los hermanos Castro. Fue una corta y no anunciada visita, no autorizada por la Asamblea Nacional, tal como las que solía hacer su predecesor. “Tuvimos largos encuentros de conversación y trabajo con el comandante Fidel Castro”, agregó Maduro en su mensaje de vísperas de Navidad desde el palacio de Miraflores.

Más que un gesto que ratifique los estrechos lazos que Chávez forjó en vida con los Castro, la visita representa un hito personal para Maduro. El día de Navidad parecía como si el tiempo hubiera retrocedido a los meses previos del diagnóstico de la enfermedad de Chávez. Es esa sensación de que este Presidente tampoco tiene límites en el ejercicio del poder y que las formalidades son prescindibles.

Maduro había al menos disimulado el desprecio por los formalismos cuando su gobierno apenas se sostenía. En abril, tras una pírrica y cuestionada victoria sobre el abanderado opositor Henrique Capriles Radonski, había rebajado el perfil arrogante del movimiento que le apoya y tendió puentes con el sector privado en aras de encontrar soluciones al crónico desabastecimiento que azota a este país. Mientras tanto el pragmático ministro de Finanzas, Nelson Merentes, sugería una flexibilización del rígido control de cambio para oxigenar la economía. Incluso hubo un acercamiento con Estados Unidos en la Asamblea General de la OEA en Antigua celebrada en junio. Al día de hoy todos esos indicios lucieron como una manera de ganar tiempo mientras el reclamo en tribunales de la oposición, que considera que ganó los comicios, era desestimado por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos 32 magistrados tienen como primera credencial su foja chavista. Tres meses después de su elección Maduro retomó la costumbre de gobernar a espaldas del país que se le oponía, que en ese entonces era de 49%.

El elevado gasto público es quizá la principal razón por la cual el chavismo mantiene tantas simpatías entre la mayoría de los venezolanos. Las constantes elecciones -19 en los últimos quince años- son la excusa para mantener el frenesí de repartir dinero a través de programas clientelares y mantener movilizada a la base afecta al proceso bolivariano. A pesar de todo esto Maduro comenzó un lento declive hasta el mes de noviembre. Las encuestas mostraban un rechazo a su gestión. La encuestadora Hinterlaces aseguraba que en su medición de octubre 69% de la población consideraba que el país no iba por buen camino. Los asesores oficialistas tomaron nota del declive. El 8 de noviembre Maduro dio un golpe en la mesa y ordenó la ocupación de la tienda de electrodomésticos Daka para confiscar y rematar su existencia a valores fijados por el gobierno. Fue el inicio de un plan ambicioso que pretende regular los precios de todos los bienes y servicios que se ofertan en el país, con el argumento de que los comerciantes especulan e inducen un incremento artificial de la inflación,que en un año alcanzó 54,3%. El margen máximo de ganancia aún no ha sido establecido de forma oficial, pero ronda el 30%.