Los fiscales 80° y 38º nacional con competencia de Derechos Fundamentales y Delitos Comunes con competencia plena, Juan Barradas, y Denisser Rodríguez, respectivamente, imputaron al exfiscal militar por la presunta comisión de los delitos de encubridor en homicidio calificado y quebrantamiento de principios y pactos internacionales suscritos por el Estado venezolano.

Ahora que Velie Guerra fue imputado, adquiere los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que le permiten solicitar y evacuar pruebas y diligencias.

Vale destacar que por este mismo hecho, se encuentran imputados el exdirector general de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Remberto Uzcátegui; el exdirector de Inteligencia de ese mismo organismo, José Domínguez Yépez; el excomandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán; y el médico forense Guillermo Solano.

La masacre de Cantaura ocurrió en el marco de una operación militar desarrollada por órganos de seguridad del Estado venezolano contra un grupo de personas pertenecientes al referido frente de luchadores sociales.

Aproximadamente unos 400 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales y decenas de funcionarios de la Disip, atacaron un campamento donde perecieron hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 16 y 30 años.

Las víctimas fueron: Roberto Rincón Cabrera, Emperatriz Guzmán Cordero, Carmen Rojas García, Sor Alonso Salazar, José Núñez, Mauricio Tejada, Enrique Márquez Velásquez, Carlos Hernández Arzola, Idemar Castillo, Luisa Estévez Arranz, Baudilio Herrera Veracierto, José Becerra Navarro, Eumenedis Ysoida Gutiérrez Rojas, Diego Carrasquel, Luis Gómez, Antonio Echegarreta, Eusebio Martel Daza, Rubén Castro Batista, Nelson Pacín Callazo, José Zerpa, Carlos Zambrano Mira, Beatriz Jiménez y Julio Faría Mejía.

Es importante destacar que este caso se activó debido a una solicitud realizada por familiares de las víctimas ante el Ministerio Público en el año 2006.

Este caso ha sido impulsado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de la creación de la comisión especial de fiscales que investiga los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período 1958-1998.