Silvio Berlusconi ya no es senador de la República italiana. A las 17.43, «Il Cavaliere» ha concluido sus dos décadas de parlamentario. Sus colegas lo han expulsado esta tarde, en base a una ley del 2012, que prohíbe tener cargos públicos a quien ha sido condenado de forma definitiva. El 1 de agosto «Il Cavaliere» fue condenado por el Tribunal Supremo por fraude fiscal en el caso Mediaset.

Los senadores de Forza Italia han invocado el nombre de Silvio Berlusconi, durante las declaraciones de voto sobre su expulsión. Puestos en pie han gritado «Silvio, Silvio», remarcando el nombre al tiempo que batían las manos.

A esa hora ya sabían que Berlusconi se había despedido en lágrimas, en una concentración de sus fieles en la que sentenciaba que este día, «de luto para Italia», no era su final ya que sus rivales políticos no «han ganado definitivamente» la batalla con su expulsión por la condena a 4 años de prisión por fraude fiscal.

El pleno de la Cámara Alta ha rechazado las nueve propuestas presentadas por varios senadores para que no se le aplique a Berlusconi la llamada «ley Severino» del Gobierno de Mario Monti, que establece la expulsión del Parlamento de los condenados a penas superiores a dos años de cárcel.

Así, como estaba previsto, el Senado ha firmado en una votación electrónica el entierro político del líder que ha marcado las últimas dos décadas de la vida italiana. Las nueve votaciones han tenido un resultado muy parecido, situándose en una media de 194 votos en contra, 114 a favor y 2 abstenciones.

La retirada del escaño a Berlusconi ha contado con el apoyo, entre otros, del Partido Demócrata (PD) del actual primer ministro, el socialdemócrata Enrico Letta; el Movimiento 5 Estrellas (M5S) del cómico Beppe Grillo, y el grupo Elección Cívica de Mario Monti.

Votaron en contra, entre otros, Forza Italia de Berlusconi, la Liga Norte y los antiguos correligionarios de «il Cavaliere», el grupo del Nuevo Centroderecha que lidera el considerado como su delfín, Angelino Alfano, que se escindió por su desacuerdo sobre el apoyo al Ejecutivo de coalición.

Precisamente la decisión del Senado de este miércoles, cuyo resultado era previsible por la toma de posiciones de los distintos partidos, llega el día después de que el grupo de Berlusconi, Forza Italia, anunciara su salida de la coalición de Gobierno.

La retirada del escaño a Berlusconi, de 77 años y quien entró en política en 1994 precisamente con Forza Italia, supone más allá de una humillación para el ex primer ministro, la pérdida del aforamiento parlamentario que le atribuía su condición de senador y la posibilidad de participar de modo directo en la vida legislativa.

Con todo, Berlusconi ha asegurado ya que no se retirará de la política, a pesar de que sobre él pese la condena en firme a cuatro años de prisión, que en base a la legislación italiana, entre otras cosas por su avanzada edad, quedará reducida aproximadamente a un año de cumplimiento de servicios sociales.

El ex primer ministro tiene también pendiente por el caso Mediaset el recurso al Tribunal Supremo de la pena accesoria de dos años de inhabilitación para cargo público impuesta por la Corte de Apelación de Milán (norte de Italia) el pasado 19 de octubre.

La aplicación de la llamada «ley Severino» supone además que Berlusconi no pueda presentarse a ninguna convocatoria electoral en Italia, ni europea por una lista italiana, en los próximos seis años, lo que puede generar nuevos conflictos institucionales, de nuevo por la validez de esta norma en el caso de que su partido decida incluirle para los comicios.

Berlusconi insiste en su inocencia y en que su expulsión del Senado supone un «golpe de Estado» porque se aplica la «ley Severino» de modo retroactivo y, por ello, había pedido a los senadores que aplazaran la votación de hoy a la espera de un pronunciamiento de la Justicia europea y una posible reapertura del caso en Italia.

El caso Mediaset juzgaba la compraventa de derechos de emisión de películas estadounidenses por valor de 470 millones de euros por parte del grupo audiovisual de Berlusconi entre 1994 y 1999, con un supuesto aumento artificial del precio de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.